jueves, 26 de enero de 2012

DONDE DIJE DIGO

No ha tardado ni un minuto el PP en preguntar ¿y ahora quién le devuelve a Camps su honor? nada más saberse que el jurado lo ha encontrado -no culpable- (estamos ya como en América; ¿no sería más fácil decir inocente?). Por supuesto ahora se les llena la boca diciendo que apoyan a Camps, que lo arropan y bla bla bla. Ahora es fácil, por supuesto, ya no hay riesgos.
¿Y qué pasa entonces con el honor de los doctores del Hospital Severo Ochoa de Madrid a los que acusaron día tras día de dejar morir, de matar y hasta se comportarse como nazis con ancianos en el servicio de Cuidados Paliativos? Claro, de esto mejor no hablar porque la campaña de desprestigio fue de ellos. La memoria es muy traicionera señores.
La Justicia es la que es, y ante un veredicto no cabe sino aceptarlo porque si empezamos a dudar de ella estamos listos. Pero, ¿no es humano plantearse que algo no va bien después de sentencias como la del caso Marta del Castillo, la de Camps (una vez se han escuchado las grabaciones), la del propio juicio a Garzón o la tomadura de pelo de los billetes de lotería premiados de Fabra o Zerolo? Lo siento, pero algo huele mal en Dinamarca, perdón, en España.
¡Ah!, y como guinda me encuentro con esta otra noticia sin desperdicio alguno:

Un capellán en el comité de ética
Estos comités éticos son los que deciden sobre los cuidados paliativos en enfermos terminales.
ELPAIS.com - Madrid - 24/04/2008

¿Quién decide si se practica un aborto a una mujer embarazada con un feto que sufre malformaciones? ¿Será peligroso para la salud de la madre? Para tomar estas decisiones está el médico responsable. Pero para orientar la decisión, todos los hospitales cuentan con un comité ético del que forman parte profesores de ética, de Derechos, ATS, asistentes sociales, médicos... y sacerdotes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre firmó el pasado mes de enero, según ha revelado la cadena SER, un convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid en el que se deja abierta la puerta a la entrada de "capellanes" a los comités de ética de los hospitales públicos madrileños.
En concreto, este acuerdo, traducido en una cláusula del convenio en vigor desde 1997 y que ahora ha renovado el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, amplía las funciones de los curas que asisten a los hospitales. La cláusula dice que "el Servicio de Asistencia Religiosa Católica (...) formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos". Este convenio y el contenido de su cláusula tercera ha provocado el revuelo en el Gobierno regional. Güemes, uno de los firmantes del último convenio, ha limitado, a pesar del texto del acuerdo, la acción de los sacerdotes a "asistir a pacientes o familiares de pacientes".
En la práctica, según fuentes hospitalarias consultadas por este periódico, los sacerdotes sí participan en estos comités, aunque no sólo como religiosos sino como expertos o especializados en temas de bioética. Hasta estos comités llegan aquellos asuntos delicados y ante los que un médico puede tener dudas éticas. Sin embargo, este comité sólo asesora al médico responsable y, por tanto, no tiene carácter vinculante sino consultivo. El médico puede tomar una decisión contraria.
La revelación del contenido de esta cláusula en el convenio entre el Gobierno madrileño y el cardenal arzobispo, Antonio María Rouco Varela, ha suscitado la denuncia desde las filas del PSOE e Izquierda Unida que han pedido la comparecencia de Esperanza Aguirre. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, presidente regional en 1997, año en el que se formalizó el convenio por primera vez, ha afirmado desconocer el contenido del convenio.
La "Asistencia Religiosa Católica" en centros hospitalarios públicos fue acordada entre los Ministerios de Justicia y de Sanidad y Consumo y la Conferencia Episcopal en 1985. A partir de este acuerdo, las Comunidades Autónomas desarrollan el cumplimiento del acuerdo, en el caso de Madrid, con los convenio de 1997, que lleva esta asistencia a los centros dependientes de la Comunidad Autónoma, y del 17 de octubre de 2001, por el que se asume también la de centros del Estado.

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