Garzón reivindica su inocencia en el Supremo con el respaldo de la fiscalía
Los abogados de Gürtel le acusan de ser el “Gran Hermano” que todo lo ve. El ministerio público ve justificadas las escuchas a los abogados en la cárcel. El fallo se conocerá en los próximos días. VIDEO DEL ALEGATO FINAL.
Julio M. Lázaro Madrid 19 ENE 2012 - 19:58 CET
Con la voz rota, el juez Baltasar Garzón dedicó ayer los que pueden ser los diez últimos minutos de su trayectoria de 23 años como juez central número 5 de la Audiencia Nacional a reivindicar su inocencia en el alegato final tras tres días de juicio. El juez que abanderó la jurisdicción universal en su persecución de las dictaduras iberoamericanas, que dinamizó la lucha contra el narcotráfico, combatió la guerra sucia y contribuyó a la derrota de ETA, según comparte todo el mundo judicial, aún tuvo que desmentir una acusación de los que le intentan inhabilitar por haberles grabado en la cárcel.
Sus acusadores, los abogados de los cabecillas de la red corrupta Gürtel, sostuvieron que el juez actuó movido por “la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos”. “La única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos”, replicó Garzón. El juez se defendió hasta el final sin poder evitar que su alegato final estuviera impregnado por el rumor de la derrota. Tras quitarse la toga por segunda vez para ocupar el banquillo, hizo uso de su turno de palabra: “Será la última vez que pueda hacerlo ante un tribunal de justicia, español en este caso”, señaló.
El magistrado asumió “todas y cada una” de sus decisiones como primer instructor del caso Gürtel, que fueron “tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad”. Frente a algunos exabruptos de los acusadores, que le habían atribuido haber dispuesto unas escuchas “monstruosas” e “infamantes”, Garzón sostuvo que “en ningún momento se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió, procurando conciliar los derechos fundamentales en juego”. A mitad de su discurso, Garzón se dejó llevar por la tensión y se dirigió personalmente a su excompañero el acusador José Antonio Choclán. El presidente Joaquín Giménez le reprendió de inmediato y Garzón pidió perdón “por la referencia al letrado”. Antes de concluir, el juez recibió otro correctivo por citar una frase de Willy Brandt: “Abrir la puerta a la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen”.
Con el alegato de Garzón concluyó el juicio seguido contra él por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías fundamentales, por el que se enfrenta a penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación, que conllevan la expulsión de la judicatura. El próximo martes volverá a sentarse en el banquillo para hacer frente a su segundo juicio, en esta ocasión por haber investigado los crímenes del franquismo.
La sesión de ayer estuvo dedicada a los informes finales de los tres abogados de la acusación, los dos fiscales del Tribunal Supremo y el del defensor del juez, Francisco Baena Bocanegra. Baena, un veterano abogado sevillano, centró su intervención en la “falta de calidad de la ley” que ha propiciado diversas interpretaciones sobre la intervención de las comunicaciones en centros penitenciarios. “No podemos tachar a un juez de prevaricador por tomar medidas para evitar uno de los delitos más graves que hay, y más en esta situación de crisis”, señaló en alusión al blanqueo de capitales por la trama Gürtel.
Buena parte de su informe lo dedicó a censurar la instrucción del juez Alberto Jorge Barreiro sugiriendo que había “mejorado la querella” inicial del abogado Ignacio Peláez y abrir el juicio con una “reproducción mimética” del escrito de acusación del letrado que defiende al cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. “No ha habido un solo principio de prueba, ninguna de las acusaciones nos ha dado un solo ejemplo de utilización espuria de esas conversaciones”, clamó el abogado. Y concluyó: “Garzón podrá ser como quiera, pero es un buen juez en el sentido de la palabra”.
En la sesión de la mañana, los fiscales del Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron que los indicios contra los cabecillas de la trama justificaban las escuchas adoptadas por Garzón, y que en otros casos, como el de Marta del Castillo y el del narco Pablo Vioque, se ha escuchado a abogados en la cárcel. Los tres abogados que acusan a Garzón presentaron al acusado como el juez autor de una “clamorosa prevaricación” y violador sistemático de derechos constitucionales, “Una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”, como le definió el abogado Pablo Rodríguez Mourullo.
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