Obligado un hospital por primera vez a quitar la sonda a una enferma
Andalucía impone el respeto a la voluntad del afectado como dicta su ley de muerte digna - La mujer está en un estado de inconsciencia irreversible.
EMILIO DE BENITO - Madrid - 24/08/2011
Menos de 24 horas ha tardado la Junta de Andalucía en solucionar el conflicto que enfrentaba a la familia de Ramona Estévez con el centro que la atiende. En una decisión pionera en España, ayer la delegación de la delegación de la Consejería de Salud en Huelva se puso en contacto con el centro para obligarle a retirarle la sonda nasogástrica que le pusieron a la mujer el 4 de agosto. Es lo que el hijo de la mujer, José Ramón Páez, había reclamado al centro. La mujer tiene el cerebro destrozado por un infarto cerebral desde el 26 de julio. El 4 de agosto la sondaron. "La habían convertido en una máquina de bombear sangre. Y eso puede ser viable técnicamente, pero no es admisible ni humano", decía ayer a este periódico el hijo por teléfono antes de conocer la intervención de la Junta. Este periódico intentó sin éxito conseguir la versión del hospital.
La ley autonómica de muerte digna de 2010 es "rotunda y clara", dijo una portavoz de la Consejería de Salud. Ante la queja del familiar responsable de la paciente, no había más opción que "aclarar las dudas que el centro pudiera tener" para que se cumpliera su voluntad. Esta norma estipula que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida". La norma se redactó después del caso de Inmaculada Echevarría, la mujer que tuvo que batallar meses hasta que en 2007 la Junta aceptó quitarle el respirador del que dependía desde hacía 11 años. Después vinieron las leyes de Aragón y Navarra. Este año, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley similar al Congreso, pero no va a dar tiempo a tramitarlo antes de las elecciones del 20 de noviembre.
Pese a la ley autonómica, al representante de la mujer no le ha sido fácil que respetaran su voluntad y la de su madre. "Ella no quería vivir amarrada a unos tubos. Decía que había disfrutado mucho de la vida", afirma con la voz entrecortada José Ramón Páez.
Ha sido casi un mes "de drama", dice el hijo. "El 26, cuando se iba a levantar, a mi madre le dio un infarto cerebral y se cayó". En urgencias del hospital le hicieron un TAC, y "nos dijeron que tenía todo el cerebro afectado, que no sentía nada, y que en este estado no la iban a sondar para no martirizarla". Pero el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva derivó a la mujer al concertado Blanca Paloma, y ahí la situación cambió. "El 29 de julio el médico nos dijo que había que sondarla, que con los sueros solo no era bastante", relata el hijo. Él intentó oponerse, porque sabía que "no era lo que ella quería". "Hasta las mujeres que la cuidaban -dos desde que en mayo se había roto la cadera- se ofrecieron a testificarlo", afirma.
El 4 de agosto, el médico "nos dio un ultimátum". "Nos dijo que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, lo que es mentira. Que si yo no quería, la mandaba a casa. Yo estaba muy confuso, y cedí", recuerda el hijo. Pero luego lo pensó mejor. Buscó ayuda en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que había leído por el caso de Carmen Pérez, la mujer que está en una residencia de Leganés en una situación similar. Volvió al centro, pero el médico que había atendido en primer lugar a su madre estaba de vacaciones, y el sustituto, aunque le ha dado la razón, no tomó la decisión que le pedían. "No quiero dejarlo mal. El centro es excelente y los cuidados también, solo me quejo de que no quisieron hacerme caso", dice el hombre ahora que ya sabe que la Junta ha intervenido.
En su lucha, lo más que consiguió fue que le ofrecieran cambiarla de centro. "Pero mi madre no es una caja para que la tenga para arriba y para abajo", se queja. Cuando vio que de palabra no conseguía nada, con la ayuda de DMD formuló una reclamación por escrito. La presentaron en el centro ayer por la mañana. También la enviaron ante la Junta.
"Lo terrible es que haya que recurrir a estos medios, con cartas y amenazas con sacarlo en la prensa, cuando lo único que se pide es un derecho", comentó ayer Luis Montes, el médico de Leganés que fue injustamente acusado de practicar eutanasias y que ahora preside DMD.
A media tarde de ayer, le retiraron la sonda a la mujer. Aliviado por hacer la voluntad de su madre, a José Ramón Páez ya solo le queda acompañarla hasta el final.
La residencia desatará a Carmen
Carmen López Domínguez pasará lo que le queda de vida desatada y sin sonda. Ayer, un comité médico de la empresa SARquavitae, propietaria de la residencia de Leganés donde lleva ocho años ingresada, accedió a las peticiones de su sobrina y tutora legal, Dolores Martón, para retirarle las sujeciones, alimentarla por boca (con una jeringuilla) y "realizar algunos cambios farmacológicos".
La mujer, de 91 años, está ciega, sorda y padece demencia. Hace ya casi un mes que su sobrina, ante el estado irreversible y las molestias que notaba en su tía, pidió a la residencia que le retiraran la sonda nasogástrica. Con ello, además, pretendía que Carmen López ganara en comodidad, ya que en el centro, concertado con la Comunidad de Madrid, le tenían atadas las manos para que no se arrancara el tubo.
Hasta ahora, la residencia se había negado. En su informe anterior, de hace casi dos semanas, rechazó atender la voluntad de la tutora de la enferma alegando que esta no sufría y que no había redactado un documento de testamento vital. Después de las presiones de la familia y de una denuncia ante el juzgado de guardia, el centro afirmó que haría pruebas para alimentar a la mujer de forma natural. Ayer tomó la decisión, aunque en ningún momento reconoce que lo haga porque es lo que la sobrina quiere.
Fernando Soler, médico del hospital de Leganés y socio de Derecho a Morir Dignamente (DMD), se alegra por la noticia, pero no puede evitar realizar una crítica. "Es una muestra más de la soberbia con que algunos médicos tratan a sus pacientes", dice.
Legislaciones
- Ley de autonomía del paciente (2002). Estatal. "Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información [...] haya valorado las opciones propias del caso".
- Ley de muerte digna de Andalucía (2010). "Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si no pudiere firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego".
- Proyecto de ley de muerte digna estatal (2011). "Las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense. De acuerdo con lo anterior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios, aún en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente".
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