Texto de la propuesta de reforma de la Constitución aprobada por PP y PSOE
El País Madrid 26 AGO 2011 - 01:23 CET
La propuesta de reforma para el nuevo artículo 135 de la Constitución, cuyo texto fue acordado la pasada medianoche por el PP y el PSOE, queda redactada de la siguiente manera, aunque puede estar sujeto aún a cambios de última hora:
"Más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea, que consolida y proyecta sus competencias en el marco de una creciente gobernanza común, y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos.
Para llegar hasta aquí, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo.
En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados Miembros.
La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.
Artículo único.
El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:
"1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Disposición adicional única.
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.
Disposición final única.
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España".
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Las dudas de los economistas
Expertos defienden que prohibir el déficit por norma es cuanto menos discutible. Esperan que el Gobierno explique la "letra pequeña" de la reforma.
Luis Ansorena Madrid 25 AGO 2011 - 19:43 CET
“La regla clásica del déficit cero provocó la Gran Depresión”. José Carlos Díez, economista jefe de la sociedad de valores Intermoney, ha recibido con ciertas reservas el anuncio del Gobierno de imponer un corsé permanente al gasto público en España. José Luis Rodríguez Zapatero quiere que “todas las Administraciones” tengan prohibido gastar más de lo que ingresan. Y los economistas consultados, aplaudan o no la propuesta, recuerdan entonces a Keynes…
El economista inglés publicó en 1936 el libro Teoría general del empleo, el interés y el dinero. “Viajó por Estados Unidos, vio la Gran Depresión… ¡Y se cargó el paradigma del déficit cero!”, rememora el economista jefe de Intermoney. Keynes desafió la tradición económica: en ciertas situaciones, en vez de ahorrar, el Estado debe incrementar los gastos para impulsar el empleo y los ingresos de las administraciones.
El Gobierno negocia con el Partido Popular limitar la aplicación de la idea keynesiana. Las Administraciones tendrán prohibido gastar más de lo que ingresan. Por ley.
La mayoría de los expertos consultados plantean sus dudas. Coinciden en que prohibir el déficit por norma es cuanto menos discutible. No hay consenso sobre si resulta idóneo o no registrar pérdidas en determinados ejercicios para recuperarlas en el futuro.
Daniel Pingarrón, estratega de mercado del operador IG Markets, considera que en caso de aprobarse la reforma el Estado “perderá una herramienta económica”: la capacidad de aumentar el déficit como inversión de futuro, tal y como recomendó Keynes. “El sacrificio será una obligación”, adelanta. “Para recortar no hay muchas más alternativas que reducir pensiones y sueldos de funcionarios y recortar los gastos sanitarios”, expone. “Y al final, si hay que reducir el déficit y el Gobierno decide rebajar obra pública, se perderá empleo público que en el futuro podría dar riqueza”.
Pingarrón recuerda que “nadie se pone de acuerdo” en la validez o no de las políticas de déficit. “No hay una confirmación científica”. En los últimos años, siguiendo la estela de la tradición keynesiana, los premios nobeles de Economía Paul Krugman y Joseph Stiglitz han defendido que el Estado puede gastar más de lo que ingresa. “Pero hay otros nobeles que dicen justo lo contrario”, explica el experto. “Lo que tengo claro es que esta reforma constitucional supone, sobre todo, una limitación a los gobiernos de izquierdas”.
Como otros analistas, este economista advierte detrás del proyecto la “presión” de la Unión Europea. “A Alemania le interesa que demos una imagen de solvencia. Y si el Gobierno de España no atiende a la petición y acabamos en rescate, ¿qué pasará entonces? La Unión podría negarse a ayudarnos por no haber cumplido. En 2007, España tuvo superávit; y Alemania y Francia, déficit. Zapatero sugirió que se impusieran sanciones (para los países que no respetaban el Pacto de Estabilidad de la UE, que fija el tope del 3% del producto interior bruto (PIB)). Si le hubieran hecho caso, España tendría que pagar ahora sanciones importantes”.
La vicepresidenta Elena Salgado ha explicado que la reforma constitucional se materializará en 2018 o 2020, cuando la crisis económica haya amainado. “Eso son cuentas de la abuela”, replica Pingarrón. “La recaudación del Estado ni ha aumentado ni está previsto que lo haga. Tampoco se ven mejorías en el empleo”.
El plan de Zapatero se inspira en el ejemplo alemán. El país germano reformó en 2009 los artículos 109 y 115 de su Ley Fundamental para incluir un déficit tope del 0,35% del PIB anual nominal. La modificación incluye también excepciones: “momentos de expansión económica y recesión”, casos de “catástrofes naturales” y “situaciones extraordinarias de emergencia que escapen del control del Estado”.
Isabel Rodríguez Tejedo, profesora de Economía en la Universidad de Navarra, considera que el alcance de la reforma no se podrá advertir hasta que se lea la “letra pequeña”. Sobre todo, porque es “bien distinto” que el corsé se establezca sobre un ejercicio que sobre un ciclo de varios. La primera fórmula no da tanto “margen” a los políticos. La segunda, en cambio, sí, ya los gestores podrían jugar con el déficit y el superávit de varios presupuestos para que la cuenta total dé positivo.
“Yo diría que la propuesta ha sido presentada de forma apresurada”, agrega la docente. “Parece un anuncio de buenas intenciones que por sí solo no está mal. Luego tendremos que observar el desarrollo normativo. Pongámonos en la peor circunstancia: cuando hay crisis, ¿vamos a dejar que los desempleados se queden sin ingresos y abandonar el sistema de salud? Si es así, todos desearemos que se salten la norma. Y si el ciclo económico es bueno, ¿con qué cara le dirá un político a un ciudadano que no hay dinero para determinados gastos sociales?”.
Rodríguez Tejedo considera que si la reforma se limita a acotar el déficit “no será un buen instrumento”. “No basta con poner un límite”, opina. “En Estados Unidos hay buenos ejemplos que nos podrían servir de referencia. Cuando se gasta más, se pregunta a la ciudadanía o a sus representantes si están de acuerdo y si aceptan que se bajen otras partidas (para recuperar ingresos)”.
La clave radica en gestionar bien los “años de bonanza”, expone Rodríguez. Es decir, en reducir los gastos “a favor del ahorro” durante esas etapas. “En EE UU lo llaman fondos para los días lluviosos” explica. “O de forma oficial, fondos de estabilización presupuestaria”.
José Carlos Díez coincide con la profesora. Prefiere que el límite se establezca sobre el déficit estructural, es decir, el de varios ejercicios, que sobre el anual. También que se obligue a “ahorrar en los años buenos”. “Todos gastan en fases recesivas pero luego, cuando la situación mejora, nadie ahorra”, asegura el economista jefe de Intermoney. “A Ulises le dijeron que los cánticos de las sirenas eran una trampa y le acercarían peligrosamente a la costa. Así que se ató un mástil. Si él podía caer en la tentación, ¿cómo no va a caer un político cuando ve que la economía va bien?”.
El director de Análisis Económico del IE Business School, Rafael Pampillón, aplaude la reforma “si sirve para resolver el problema de la confianza de los mercados”. “Desgraciadamente estamos en sus manos”, admite. “Si les decimos que no vamos a tener déficit, sabrán que pagaremos nuestras deudas. Y eso será positivo para el país”.
El economista cree que España “debe hacer lo que hace el resto”. Como Gran Bretaña y Francia, España “debe reducir el gasto”. “Es una necesidad imperiosa. Si no nos subimos a su mismo carro, seremos el país retrasado y los mercados nos castigarán (con subidas en la prima de riesgo que harán la deuda más costosa, por ejemplo). Los mercados deben percibir que se está poniendo orden. ¡Si vivimos en un país en el que no se sabe cuántos coches oficiales hay!”.
El experto cree que ha quedado probado en el siglo XXI que las ideas keynesianas han sido “un lastre” para salir de la crisis. “Muchos pensamos que Keynes, que era un tipo muy listo, un genio, y que sacó a Estados Unidos de la Depresión, ya no sería keynesiano”, sentencia.
Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, disiente. “El plan de reforma es una barbaridad política, económica y constitucional”, sostiene el profesor, autor de un capítulo del libro Reacciona. En su portada, la obra llama a “actuar frente a la crisis económica”.
Torres López considera que la propuesta “limitará inútilmente la acción del Gobierno”. “Equivale a conducir un coche por una carretera llena de curvas sin posibilidad de mover el volante”, compara. El profesor cree que los “neoliberales” ganarán “una batalla más” si el Congreso aprueba la reforma. “No hay país en la historia, salvo los que tienen grandes recursos naturales, que haya tenido futuro sin endeudarse. Es imposible. Eso que dicen algunos que para repartir la tarta debe primero estar hecha está bien para la repostería, no para la economía”, apostilla.
El catedrático lamenta que Gobierno y Partido Popular quieran “constitucionalizar” el “déficit cero” ya que, en la práctica, supone “dar por buena una perspectiva ideológica". “La política económica no ha demostrado que el déficit cero sea lo mejor. No hay evidencias científicas. Cuando se carece de un sistema educativo potente, de centros de investigación, de infraestructuras… es absurdo tener superávit y no endeudarse. Perdona que insista: poner una dirección fija es absurdo. La economía no funciona así”.
-¿Se han olvidado entonces el Gobierno y la oposición de Keynes?
-De Keynes y del sentido común.
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