Fiscales arremeten contra la «injerencia intolerable» del Gobierno en sus funciones.
Recuerdan que son los jueces los que decidirán si los controladores delinquieron. Cuestionan que se quiera aplicar a los trabajadores una norma preconstitucional en vez del Código Penal del 95. ABC, 11.12.10
Los discutibles decretos dictados por el Gobierno hace ya una semana, el mantenimiento del estado de alarma —y la amenaza de su prórroga—, el silencio de los controladores, el adelanto de las penas solicitadas por Cándido Conde-Pumpido, la lluvia de recursos que se avecinan en los Tribunales en los próximas semanas... Y ahora, los fiscales. Al margen de sus acérrimos enemigos en el campo de batalla político, no hay tregua para Rodíguez Zapatero tampoco en el terreno judicial.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha arremetido contra lo que considera una «injerencia intolerable» en la crisis de los controladores aéreos por parte del Ejecutivo y en el posicionamiento de su fiscal general. Con unas diligencias informativas abiertas que todavía no han llegado al juzgado, Conde-Pumpido se apresuró a anunciar el jueves que pedirá ocho años de cárcel para los trabajadores que abandonaron sus puestos en las torres de control por una presunta sedición.
En una nota informativa, AF apela a la división de poderes que establece la Constitución y a la «autonomía funcional» del Ministerio Público. «De ahí que resulte innecesaria e impertinente la presencia del fiscal general del Estado en un Consejo de Ministros aun en supuestos de excepcionalidad», señalan en referencia al Consejo extraordinario que se prolongó hasta la madrugada del sábado y al que acudió, junto con Conde-Pumpido, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají. En este sentido, la asociación añade que la Fiscalía, «bajo ninguna circunstancia», puede convertirse en «órgano consultivo» del Gobierno. La relación del Ejecutivo con el Ministerio Fiscal se encuentra regulada en la ley y ésta no es «en caso alguno de subordinación».
Los fiscales recuerdan que la declaración de un estado de alarma supone una «reducción de las garantías y libertades constitucionales», por lo que el Ministerio Fiscal, como garante de las libertades públicas, «debe mantenerse distante del foro gubernativo en el que se decida su adopción (alejado de posicionamientos políticos adoptados con carácter previo al acontecimiento de los hechos)».
Asimismo, señalan que en España rige el principio de legalidad, no el de «oportunidad», por lo que no está previsto en el ordenamiento jurídico «el anuncio previo y público de la concesión de redenciones generalizadas por la delación y/o entrega de posibles responsables culpables».
Concluyen asegurando que el Gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la jurisdicción penal. «Debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración (discusión) de su pertinencia jurídica (...), y en última instancia los Tribunales quienes determinen si el abandono colectivo por los controladores aéreos es penalmente relevante y si le es de aplicación una norma preconstitucional (la ley de Navegación Aérea de 1964) o el Código Penal de 1995». «La mera indicación por parte del Gobierno al Ministerio Fiscal del derecho a aplicar supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad que preside su funcionamiento (...)».
La estrategia del silencio
Entretanto ayer acudieron a la Fiscalía de Madrid otros seis controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo en Barajas. Como hicieron sus doce compañeros el día anterior, estos trabajadores también se negaron a declarar ante el fiscal Eduardo Esteban, alegando que se encuentran bajo la jurisdicción militar, pese a que los hechos investigadores son anteriores a su «militarización». Ante esta actitud, la Fiscalía no esperará más allá del lunes (están citados otros ocho empleados) para «judicializar» las actuaciones y no demorar más la investigación. El asunto pasará entonces a manos de un juez que se encargará, en su caso, de instruir las diligencias previas e interrogar a los implicados en Madrid. Mientras, la Fiscalía de Cataluña está investigando a 68 controladores de Barcelona, Gerona y Reus (Tarragona), y la de Baleares no prevé llamar a declarar a ninguno de los 71 controladores implicados.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha arremetido contra lo que considera una «injerencia intolerable» en la crisis de los controladores aéreos por parte del Ejecutivo y en el posicionamiento de su fiscal general. Con unas diligencias informativas abiertas que todavía no han llegado al juzgado, Conde-Pumpido se apresuró a anunciar el jueves que pedirá ocho años de cárcel para los trabajadores que abandonaron sus puestos en las torres de control por una presunta sedición.
En una nota informativa, AF apela a la división de poderes que establece la Constitución y a la «autonomía funcional» del Ministerio Público. «De ahí que resulte innecesaria e impertinente la presencia del fiscal general del Estado en un Consejo de Ministros aun en supuestos de excepcionalidad», señalan en referencia al Consejo extraordinario que se prolongó hasta la madrugada del sábado y al que acudió, junto con Conde-Pumpido, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají. En este sentido, la asociación añade que la Fiscalía, «bajo ninguna circunstancia», puede convertirse en «órgano consultivo» del Gobierno. La relación del Ejecutivo con el Ministerio Fiscal se encuentra regulada en la ley y ésta no es «en caso alguno de subordinación».
Los fiscales recuerdan que la declaración de un estado de alarma supone una «reducción de las garantías y libertades constitucionales», por lo que el Ministerio Fiscal, como garante de las libertades públicas, «debe mantenerse distante del foro gubernativo en el que se decida su adopción (alejado de posicionamientos políticos adoptados con carácter previo al acontecimiento de los hechos)».
Asimismo, señalan que en España rige el principio de legalidad, no el de «oportunidad», por lo que no está previsto en el ordenamiento jurídico «el anuncio previo y público de la concesión de redenciones generalizadas por la delación y/o entrega de posibles responsables culpables».
Concluyen asegurando que el Gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la jurisdicción penal. «Debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración (discusión) de su pertinencia jurídica (...), y en última instancia los Tribunales quienes determinen si el abandono colectivo por los controladores aéreos es penalmente relevante y si le es de aplicación una norma preconstitucional (la ley de Navegación Aérea de 1964) o el Código Penal de 1995». «La mera indicación por parte del Gobierno al Ministerio Fiscal del derecho a aplicar supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad que preside su funcionamiento (...)».
La estrategia del silencio
Entretanto ayer acudieron a la Fiscalía de Madrid otros seis controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo en Barajas. Como hicieron sus doce compañeros el día anterior, estos trabajadores también se negaron a declarar ante el fiscal Eduardo Esteban, alegando que se encuentran bajo la jurisdicción militar, pese a que los hechos investigadores son anteriores a su «militarización». Ante esta actitud, la Fiscalía no esperará más allá del lunes (están citados otros ocho empleados) para «judicializar» las actuaciones y no demorar más la investigación. El asunto pasará entonces a manos de un juez que se encargará, en su caso, de instruir las diligencias previas e interrogar a los implicados en Madrid. Mientras, la Fiscalía de Cataluña está investigando a 68 controladores de Barcelona, Gerona y Reus (Tarragona), y la de Baleares no prevé llamar a declarar a ninguno de los 71 controladores implicados.
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