EL GOBIERNO ''IMPULSA LA DESTRUCCIÓN'' NATURAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - EUROPA PRESS
Los ecologistas consideran que el puerto de Granadilla "es una barbaridad ambiental y social".
María José Caballero, coordinadora de campañas de Greenpeace, ha señalado que el reciente informe de esta organización ecologista sobre el deterioro de las costas deja patente que el Gobierno de Canarias "es prácticamente el impulsor de esta destrucción". Los ecologistas señalan que el Archipiélago cuenta con una Naturaleza "impresionante y única", por lo que resulta triste "tener que denunciar que las admininistraciones no están haciendo nada" por parar las agresiones al medio ambiente. El puerto de Granadilla, prosiguió María José Caballero, "es una barbaridad ambiental y social" que implementa un "modelo muy dañino" de desarrollo para las Islas. Lo lamentable, concluyó, es que haya "funcionarios y políticos metidos hasta las cejas" en actuaciones que perjudican el patrimonio natural, de lo que Canarias es a su juicio es "un ejemplo muy negro".
El informe de Greenpeace
JUAN GARCÍA LUJÁN elcorreillo@canariasahoraradio.com
El informe de Greenpeace sobre la destrucción de la costa española en los últimos años es un retrato perfecto de las consecuencias del modelo económico-político impuesto en las últimas décadas. No se trata sólo de la ocupación y saturación del espacio costero, en el informe de los ecologistas también se ve cómo la disparatada burbuja inmobiliaria que estalló sobre los rostros de los más débiles escondía una especulación sin límites que no se basaba ni siquiera en la demanda de viviendas. La organización ecologista nos avisa en su informe que el modelo especulativo sigue vigente a pesar de la crisis. España es el país donde más dinero del PIB se dedica al sector inmobiliario. Además se siguen construyendo más viviendas que en otros países más poblados. Entre 2003 y 2007 se construyeron cada año el triple de las viviendas que se vendías. En 2008 había tres millones de casas vacías. Entre el año 1990 y el 2000 la población en España aumentó un 5%, mientras que la urbanización se incrementó un 25%. Un ejemplo de este caso es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que ha mantenido su población en la última década sin embargo todos hemos visto el incremento del suelo urbanizable de forma bestial.
A nivel estatal en materia legislativa Greenpeace habla de dos peligros: La ley del suelo de 2008, que contemplaba que el suelo urbanizable sobre el que no se construía volvía a ser rústico en 2011. El gobierno ha retrasado este plazo hasta 2013. El PSOE ha promovido la consigna de que la burbuja inmobiliaria tiene su origen en la liberalización del suelo durante el gobierno de Aznar. Ahora legisla en la misma dirección. El otro peligro es la intención de reformar la Ley de Costas para hacerla más permisiva con las construcciones ilegales. Entre los que más presionan para esta reforman están los partidos que gobiernan las islas desde hace dos décadas: el PP y Coalición Canaria.
Greenpeace llama la atención al gobierno canario y a sus instituciones por la defensa que hacen de los hoteles ilegales en Lanzarote. También destacan la cantidad de proyectos de muelles deportivo (en Tenerife se ha proyectado un incremento en un 500% el número de amarres y en Gran Canaria estaban proyectados más de 2000 nuevos). Los ecologistas también citan la nueva ley de descatalogación de las especies, el proyecto del Puerto de Granadilla y las futuras regasificadoras en Gran Canaria y Tenerife.
Los ecologistas no sólo critican. También presentan propuestas: creación de una red de reservas litorales y marinas (lo contrario que en Granadilla). Gestión efectiva de la Red Natura 2000 (el gobierno canario y los cabildos se han distinguido por no desarrollar los planes de uso y gestión de los espacios protegidos). Aplicación estricta de la Ley de Costas (la política va en sentido contrario, el gobierno canario pide el perdón para hoteles ilegales en Lanzarote y aprueba amnistías para construcciones que incumplen esta ley). Combatir la corrupción política: que los ayuntamientos no dependan de los ingresos por licencias para urbaniza. Más recursos para organismos anticorrupción. Ley de responsabilidad patrimonial: (caso como las torres del canódromo o Tebeto deberían pagarse con dinero de los políticos que incumplieron las leyes).
Tras la lectura del informe se puede reaccionar de dos formas: ignorarlo y mantener el actual modelo especulativo y corrupto que impera en España y de forma especial en Canarias, o preocuparnos por estas señales de alarma y trabajar para cambiar el modelo. El cambio deberá venir de la propia sociedad, sólo desde la denuncia y la movilización se pueden cambiar las cosas. Con las leyes en la mano se paró Veneguera, se frenó Granadilla y se lograron las sentencias de los hoteles ilegales de Lanzarote. El informe debe servir para estimular a los ciudadanos más activos, los más comprometidos. El tripartito CC, PP y PSOE, con sus matices, ha demostrado que allí donde gobiernan promueven este modelos. De ellos se puede esperar poco. De los ciudadanos mucho o nada.
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